Pese a los graves problemas económicos en los que se halla sumida la sociedad española, el puente sigue siendo una costumbre irrenunciable para muchos. Todos los años, numerosos ciudadanos aprovechan las festividades de la Constitución y la Inmaculada para regalarse unas pequeñas vacaciones, como preludio a las fiestas navideñas.

Pero este año no contaban con que los controladores aéreos llevarían hasta el extremo su formidable capacidad de presión para arruinar sus planes. Una huelga salvaje de este colectivo obligó a cancelar la mayoría de vuelos, cerrando prácticamente el espacio aéreo peninsular. Miles de personas se quedaron tiradas en los aeropuertos, sintiéndose rehenes de una minoría dispuesta a mantener sus onerosos privilegios laborales chantajeando a todo el país.

El sábado 4 por la mañana, el gobierno declaró el Estado de Alarma por primera vez desde que se promulgó la Constitución de 1978. Los controladores aéreos, en virtud de este decreto, pasaron a tener la condición de personal militar, y como tal fueron obligados a reincorporarse a sus puestos de trabajo, a las órdenes de militares profesionales. En pocas horas, el espacio aéreo volvió a una relativa normalidad.

Sin duda, se trató de una acción contundente y eficaz de un gobierno que atraviesa horas muy bajas de popularidad, y que según todas las encuestas, perdería claramente las elecciones si se celebraran ahora mismo. En este clima de indignación popular contra el colectivo de controladores aéreos, el ejecutivo, con la aprobación del parlamento, no dudó en prorrogar el Estado de Alarma hasta el 15 de enero.

Hasta aquí, parece una historia navideña, y nunca mejor dicho. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda de este conmovedor relato.

En primer lugar, como han señalado varios juristas, la ley de Estado de Alarma no permitiría la militarización de los controladores, puesto que según la Constitución, la jurisdicción militar sólo puede aplicarse en el ámbito estrictamente castrense y en el supuesto de Estado de Sitio. Esta es la circunstancia más grave prevista por el ordenamiento constitucional español, pensando en que la soberanía nacional o la propia Constitución se viesen amenazadas. Pero por irresponsable que haya sido la conducta de los controladores aéreos, sería disparatado compararla con un golpe de Estado, aunque la web del PSOE andaluz no haya dudado en utilizar esta expresión. Y de paso ha sugerido insidiosamente la existencia de una supuesta confabulación del PP con los controladores.

Es importante distinguir estos hechos de un famoso precedente. En 1981, Ronald Reagan, ante una huelga salvaje de los controladores aéreos, despidió a miles de ellos, supliéndolos con personal militar. No hubo, pues, militarización de personal civil. Según algunos opinantes, en el caso español esta solución era inaplicable, por no existir un número suficiente de militares profesionales con la necesaria preparación técnica. Sin embargo, parece que tampoco Reagan disponía de suficientes militares.

Por si fuera poco, las dudas sobre la legalidad del decreto del gobierno socialista no terminan aquí. Se ha discutido también si se daban las condiciones exigibles para decretar el Estado de Alarma. Según la ley, el ejecutivo puede recurrir a esta figura en los casos de “catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”. También contempla los casos de epidemias, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad” y el “desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

Ahora bien, el artículo 4º, apartado c, es claro al respecto: En caso de paralización de servicios públicos (vamos a conceder que volar en avión es algo esencial para la comunidad), deben además concurrir algunas de las otras circunstancias mencionadas (terremotos, accidentes, epidemias, etc). Ninguna de estas calamidades se produjo el día previo a la promulgación del Estado de Alarma. Y la navegación aérea no parece que sea un producto de primera necesidad como lo son el pan, el agua, la gasolina o la electricidad.

Por último, y no es cuestión de menor importancia, también inspira serias dudas la prórroga del Estado del Alarma. Según la Constitución, su duración máxima es de 15 días, pudiendo prorrogarse con la aprobación del poder legislativo. En ningún lugar del texto legal se dice que la prórroga pueda ser de duración superior. Y recordemos cuáles son los poderes del ejecutivo en esta situación: Todos los miembros de la Administración (gobiernos autónomos, locales, etc) pasan a estar a las órdenes de la autoridad competente, que puede imponer servicios extraordinarios a cualquier funcionario público. El gobierno, en Estado de Alarma, puede además limitar la libertad de circulación, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, imponer prestaciones personales a cualquier ciudadano, intervenir u ocupar industrias y locales y racionar servicios o productos de primera necesidad.

Las personas ingenuas, o simpatizantes con la ideología socialista, pensarán que un gobierno democrático no hará nada de todo esto sin graves y justificados motivos. Por supuesto, los motivos siempre pueden encontrarse (o crearse), pero lo que más facilita que lo impensable llegue a ocurrir no son tanto las circunstancias como los precedentes. No merece la pena entrar en especulaciones sobre las verdaderas intenciones del gobierno de Zapatero-Rubalcaba para decretar el Estado de Alarma, porque no se trata de una cuestión fácilmente demostrable. Pero es evidente que con esta medida, el Partido Socialista ha sentado inquietantes precedentes. De ahora en adelante, salvo que el Real Decreto 1673/2010 del 4 de diciembre fuese declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, un gobierno de España podrá suspender derechos elementales debido a un conflicto laboral, podrá militarizar personal civil con el mismo motivo, y además podrá prolongar esta situación discrecionalmente. Y todo ello los socialistas lo han conseguido, probablemente, con el apoyo mayoritario de la opinión pública, encantada de que por fin alguien ponga en su sitio a esa casta privilegiada de los controladores con un golpe de autoridad. Como dice un personaje de la saga de Star Wars: “Así es como muere la libertad… con un estruendoso aplauso”.